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CONTINÚA LA LUCHA POR LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO EN VERACRUZ

CONTINÚA LA LUCHA POR LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO EN VERACRUZ

“Hay más de 53 millones de personas sin recursos en México, quienes pueden ser arrestadas por abortar, pese a que el Código Penal no establece la reclusión, sino “la aplicación de medidas educativas y de salud” en libertad´´.

La Suprema Corte de Justicia mexicana decidió revisar el caso de una mujer detenida en el estado de Veracruz por el delito de aborto, cuando acudió a un hospital para ser atendida de emergencia, tras presentar complicaciones de salud a consecuencia de una interrupción del embarazo clandestina.

El caso de esta mujer que acudió a una organización que lucha por los derechos humanos fue muy llamativo ya que fue detenida en una agencia del Ministerio Público, víctima de extorsión por parte de autoridades y después de pagar “un de tipo fianza”, fue liberada.

A parte, el litigio del caso lo ha llevado una Clínica en particular, a cargo de un abogado, quien destaca que la relevancia del asunto radica en que por primera vez en el país se abordará la constitucionalidad o no de las leyes punitivas en materia de aborto, pero no de manera abstracta, sino mediante el caso específico de esta mujer criminalizada en México.

Según una activista, lo importante son los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, su tratamiento en la legislación penal. Lo que se espera es que definan si es constitucional criminalizar la interrupción del embarazo.

¿Qué dice la Ley?

El pasado 24 de abril la ALDF aprobó con 46 votos a favor (PRD, Panal, PRI y Coalición Socialdemócrata), 19 en contra (PAN, PVEM) y una abstención (del priísta Martín Olavarrieta) la reforma de ley que despenaliza el aborto hasta la semana doce de gestación.

Antes de esta reforma, en la Ciudad de México los requisitos para poder abortar:

-Que el embarazo fuera el resultado de una violación o una inseminación artificial no consentida por la mujer.

-Cuando la mujer embarazada corriera grave daño a su salud si continuaba la gestación.

-Por malformaciones congénitas o genéticas graves del producto.

-Por una acción imprudencial de la mujer embarazada.

 La nueva reforma en materia de aborto estableció:

1) La despenalización del aborto mediante una reformulación de la definición jurídica del mismo, ahora sólo se castiga si se realiza después de la semana doce de gestación.

2) Que el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio.

3) La disminución de la pena para las mujeres que se practiquen voluntariamente un aborto después de la semana doce, ahora será de tres a seis meses de prisión o cien a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad.

4) Se estableció el tipo penal del aborto forzado como la interrupción del embarazo (en cualquier etapa) sin consentimiento de la mujer embarazada. Haciendo énfasis en que esta figura delictiva no sólo protege la vida en gestación, sino que atiende al artículo 4° de la Constitución para garantizar la integridad física, la autonomía personal, la libertad reproductiva y el derecho a la maternidad libre y consiente de las mujeres.

5) Se modificó la ley de Salud para establecer que las instituciones públicas de salud del gobierno del Distrito Federal atenderán las solicitudes de aborto aun cuando la mujer que lo solicite cuente con algún otro servicio de salud público o privado, y que la atención a la salud sexual y reproductiva tiene un carácter prioritario.

Además se estableció que el gobierno del DF promoverá permanentemente y de manera intensiva, políticas integrales tendientes a promover la salud sexual, los derechos reproductivos, así como la maternidad y la paternidad responsables y coadyuvar al pleno ejercicio de los derechos reproductivos de las personas con una visión de género, de respeto a la diversidad sexual y de conformidad a las características particulares de los diversos grupos poblacionales, especialmente para las niñas y niños, adolescentes y jóvenes.

Sin embargo, esta legislación solo es vigente en la capital del país, por lo que en el resto del territorio mexicano (31 estados) continúan los abortos clandestinos, así como la criminalización, en mayor o menor medida, de quienes recurren a estos procedimientos.

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