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LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN CHILE

LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN CHILE

Unas 70,000 mujeres arriesgan sus vidas cada año para abortar ilegalmente en Chile debido a las leyes del país, siendo uno de los más restrictivos del mundo, ejecutando penas de cárcel de hasta 5 años por interrumpir un embarazo.

Hace veinte años, Chile promulgó una de las leyes más restrictivas contra el aborto del mundo. Es uno de los seis países donde el aborto está prohibido sin excepciones ni siquiera cuando el embarazo es resultado de violencia sexual o pone en peligro la vida de la mujer. Tampoco cuando la vida en riesgo es la de una niña de 11 años embarazada como resultado de una violación.

A pesar de estas leyes tan estrictas, 70,000 mujeres arriesgan sus vidas cada año para abortar ilegalmente en Chile. El país tiene una de las tasas más altas de abortos en Latinoamérica. Lejos de prevenir este procedimiento, la criminalización del aborto provoca que las mujeres acudan a profesionales no entrenados/as quienes utilizan técnicas poco seguras o intentan inducir el aborto utilizando métodos peligrosos. Las Naciones Unidas estiman que hasta el 40% de las muertes maternales en Chile son causadas por complicaciones de abortos inseguros.

A pesar de los hechos, la Iglesia Católica se opone a los derechos sexuales y reproductivos a expensas de las vidas de las mujeres. Consistentemente se les niega a las mujeres chilenas información básica sobre su salud reproductiva y sexual, y muchas quieren pero no tienen acceso a anticonceptivos.

Los métodos anticonceptivos de emergencia, que pueden prevenir un embarazo si la mujer ha sido violada, son legales en Chile, pero las farmacéuticas se oponen muchas veces a venderlos basándose en preceptos morales. El clima de conservadorismo social que permea el núcleo de la sociedad chilena niega a la mujer la opción más fundamental que puede tener: el decidir lo que pasa con su cuerpo. No se le permite decidir cómo quiere vivir su vida.

Una educación sexual integral y el acceso a los anticonceptivos previenen de diversas situaciones que ponen en riesgo la salud de las personas dadas las circunstancias.

La presidenta, Michelle Bachelet, quien ganó las elecciones el pasado año en una victoria abrumadora, se comprometió en su campaña a levantar la prohibición del aborto en los casos donde la vida de la embarazada está en peligro; violación o cuando el feto no tiene posibilidades de sobrevivir.

La semana pasada el Ministerio de Salud emitió un documento con instrucciones para profesionales de la salud a fin de evitar obtener confesiones de mujeres que buscan atención médica luego de un aborto. Esto se produjo luego que un médico haya reportado a la policía a una adolescente de 17 años, alegando que el reporte violaba el derecho a la confidencialidad de la paciente. Esta chica ahora enfrenta hasta 5 años de prisión.

Lo cierto es que muchos/as políticos/as conservadores/as y líderes católicos han prometido seguir luchando para que la prohibición siga en pie.

A pesar de que un cambio en la ley de aborto en Chile es inminente, el camino hacia ello no será nada fácil.

Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Directora Lorena Fries Monleón redactó un escrito para complementar otro artículo que hablaba sobre el tema ofreciendo datos sobre la realidad del aborto en Chile.

Indica en su Informe Anual 2014 datos que abordan la situación del aborto consentido en Chile, cuyas cifras (alrededor de 18.000) sólo cubren las situaciones que constan en los registros de hospitales públicos. También se señala que, a pesar de la vigencia de la Ley de Derechos y Deberes del Paciente y del Instructivo de 2009 de Minsal sobre tratamiento humanizado y confidencial a las mujeres hospitalizadas por aborto, en la salud pública continúan las denuncias por parte del personal de salud contra ellas. Según datos de la Fiscalía Nacional, entre 2010 y 2013, 126 de las 173 personas formalizadas por distintos tipos de aborto fueron mujeres.

La Directora reclama una revisión por tanto, de la legislación para evitar la criminalización de las mujeres y abrirse a legislar sobre situaciones que constituyen una violación a los derechos humanos.

Además, recuerda que ya  en 2013 el relator especial contra la tortura opinó que se vulnera la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes cuando funcionarios/as de la salud infringen el secreto médico o denuncian a una mujer por interrumpir su embarazo, a la justicia.

En este contexto, se hace necesario continuar con el debate que debiera ser plural y amplio tomando en consideración la realidad que viven estas mujeres en el país.

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